¿Libertad inmobiliaria o negocio sin garantías?

A partir del proyecto llamado "Ley de Libertad Inmobiliaria" presentado por un diputado del PRO se reaviva la disputa sobre las bases del mercado inmobiliario nacional.

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Por Milena Ingino Deibe. 

El diputado Alejandro Bongiovanni presenta el proyecto "Ley de Libertad Inmobiliaria" donde propone eliminar los requisitos formales para ejercer como corredor inmobiliario. Ya no sería necesario contar con matrícula profesional, título universitario ni cumplir con regulaciones geográficas. Cualquier persona, desde cualquier punto del país, podría operar libremente en la compra y venta de propiedades. La propuesta redefine la actividad como un negocio comercial más, retirándole su carácter de profesión regulada, es decir, eliminando la intervención de colegios profesionales. 

Todo el planteo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional, que ya había anticipado su intención de desregular el mercado inmobiliario en línea con reformas orientadas a reducir controles burocráticos y facilitar inversiones.

Sin embargo, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) rechazó con fuerza el proyecto, basandose en experiencias previas. Los representantes argumentaron que estas medidas resultaron perjudiciales para los consumidores, con mayor informalidad, prácticas abusivas, deterioro en la calidad de los servicios y riesgos de fraude. 

La CIA presentó una propuesta alternativa que apuesta por modernizar sin desregular. Entre sus medidas, propone la creación de un Registro Nacional de operadores, un sistema colaborativo entre agencias y la legalización de la figura del agente inmobiliario auxiliar, incorporado al régimen de monotributo. 

Aunque esto se amolde perfectamente al contexto actual esta discusión no es nueva. Tal como señala Fernando Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados, la Ciudad de Buenos Aires lleva más de dos décadas debatiéndose el equilibrio entre profesionalización y accesibilidad.

En ese período, se logró la aprobación de una ley que establecía la obligación de contar con matrícula profesional para ejercer, a través de un colegio autorizado, como forma de garantizar condiciones mínimas.

Para Muñoz, el dilema no es menor: “Este es un negocio que es para todos, por lo tanto va a ser, sobre todo para los que tengan más”. La frase desnuda una tensión central: desregular puede significar ampliar el acceso formal, pero también acentuar las desigualdades materiales de quienes verdaderamente pueden entrar en el juego del mercado.

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