Esta semana se dio a conocer las investigaciones de la Policía Federal brasileña sobre un plan para asesinar al presidente Lula y a dirigentes de otros poderes del Estado.
Reporte de Sofía Hammoe, de la Agencia Informativa Pulsar Brasil [Descargar]
Por Sofía Hammoe, de la Agencia Informativa Pulsar Brasil
Brasil estuvo marcado por el trabajo en el Congreso y el procesamiento de Bolsonaro.
Por una parte, el Senado aprobó el Proyecto de Ley que propone aumentar la protección de niñeces y adolescencias en el ambiente digital. La propuesta aprobada en la Comisión de Comunicación y Derecho Digital, trae restricciones a la publicidad dirigida al público infantil. Además, se incluyeron nuevas exigencias para impedir la creación de perfiles de personas menores de edad en las plataformas digitales. También se prevé el monitoreo de contenidos perjudiciales y mecanismos de denuncias relacionadas al ámbito digital. El proyecto debe seguir trámite en la Cámara baja.
Por otro lado, en la Comisión de Ciudadanía y Justicia de la Cámara de Diputados, se aprobó un proyecto de enmienda constitucional que favorece la prohibición del aborto en cualquier situación. El texto propone que el artículo que garantiza la inviolabilidad del derecho a la vida, sea seguido por la frase “desde la concepción”.
El Código Penal de Brasil autoriza la interrupción del embarazo en los casos de gestación fruto de una violación, o de riesgo de muerte da la persona gestante. El Supremo Tribunal Federal también sentó jurisprudencia permitiendo el aborto en los casos de fetos anencefálicos. Con la aprobación de la propuesta de enmienda constitucional debe ser creada una comisión para tratar especialmente la iniciativa y, en caso de aprobada, deberá seguir hacia el Senado.
Sin embargo, la noticia más impactante en las últimas semanas tiene que ver con la divulgación de investigaciones de la Policía Federal brasileña sobre un plan para asesinar al presidente Lula y adirigentes de otros poderes del Estado. El plan sería parte del atentado ocurrido el 8 de enero de 2023 contra las sedes de los poderes públicos federales.
Por esta investigación el expresidente Jair Bolsonaro fue imputado por el Supremo Tribunal Federal, junto con otras 36 personas, en su mayoría militares. En la lista de acusados también se encuentra el argentino Fernando Cerimedo, colaborador del presidente Javier Milei, y fundador del medio de comunicación digital “La Derecha Diario”.
Bolsonaro adelantó en declaraciones a la prensa que se siente perseguido y que no descarta buscar asilo en alguna embajada.
La acusación contra Bolsonaro lo responsabiliza por los delitos de intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del estado democrático de derecho y liderar una organización criminal. Con estos indicios la investigación sigue hacia la Procuraduría General de la República que debe decidir si abre un proceso penal contra los acusados. En caso de confirmarse la culpabilidad de Bolsonaro, las penas por estos crímenes podrían sumar 30 años de cárcel.
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