Chile despide el mes de fiestas patrias con una profunda crisis de confianza en la clase política y en las élites empresariales, completamente involucrada en sendos casos de corrupción, cohecho y financiamiento ilegal de la política.
Reporte de nuestro corresponsal en Chile, Juan Ortega de Radio JGM [Descargar]
Por Juan Ortega de Radio JGM
Las réplicas, aún no completamente dimensionadas, del caso del abogado Luis Hermosilla, ligado al piñerismo, con brazos en diversas esferas de poder, pueden llegar a ser profundas y calar fuertemente en la ciudadanía. Ex ministros del gobierno anterior, ministros de la corte suprema, jefes de servicios de impuestos internos, jefes de policía, entre algunos de los actores, son los que han salido a la luz como ejes de un engranaje mafioso y corrupto de poder, influencias y pagos.
La trastienda del ejercicio político nacional se va por la alcantarilla de la vergüenza, gracias a filtraciones y ejercicios informativos generalmente de prensa independiente.
Además, esta semana, pasadas las fiestas patrias y los feriados masivos, sale a la luz otro escándalo que vuelve a ensuciar a la derecha y sus prácticas de financiamiento del ejercicio político poniendo a la educación privada en el centro de la discusión.
El medio “El Mostrador” reveló el millonario sueldo que recibió durante 3 años la ex diputada y convencionalista constituyente del primer período, Marcela Cubillos, por parte de la Universidad San Sebastián, una institución privada vinculada a la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la derecha parlamentaria desde hace décadas.
Diecisiete mil dólares aproximados al mes por tres años, por un trabajo casi inexistente, ya que no hay producción académica asociada a su gestión, y el recuerdo de los estudiantes de sus clases por zoom, es vago y pobre.
Así, uno tras otro, los escándalos golpean a la derecha, a sus candidatos, y a sus redes de poder, dejando al descubierto una cloaca de podredumbre y estupor social ante la desigualdad y el nulo miedo a la ley, o a la condena de la opinión pública que pudiese surgir.
El caso de la ex diputada y ex ministra de educación del gobierno de Piñera, reitera la necesidad de develar que algunas de las grandes casas de estudio superior privadas en Chile, son sólo máquinas financieras hechas para sostener a las figuras conservadoras, cuando no están en el poder. Constructos sociales, económicos y culturales, diseñados para lucrar con los mecanismos de financiamiento del estado y así embolsarse sumas millonarias, con las que se pagarán, tarde o temprano, favores y membresías políticas.
Mientras eso ocurre, las estudiantes secundarias de algunos liceos emblemáticos recuperan la memoria, y resisten a la obscena represión de una policía que no se mide para golpear y gasear a niñas, menores de edad, que exigen derechos, calidad, dignidad e infraestructura mínima para sostener sus procesos educativos.
Las imágenes de las últimas movilizaciones previas a las fiestas patrias, evidencian que, al parecer, para este gobierno y sus fuerzas policiales, reprimir a escolares con violencia es parte del panorama normal de una capital como Santiago.
Escándalos, corrupción, millones de pesos pagados, violencia de estado, en un estado policial, y entremedio, brindis, saludos patrios, vivas chiles que se gritan al cielo y un aparente jolgorio popular.
Chile es un país de mil rostros, en los cuales la vergüenza habita y pareciera que se queda a vivir.
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