Esta semana se dió a conocer que el Poder Ejecutivo volverá a impulsar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para recortar la protección de los glaciares y habilitar las actividades extractivistas.
Guillermo Folguera, investigador del Conicet [Descargar]
Por Milena Ingino Deibe.
Desde 2010, la Ley N.º 26.639 protege los glaciares y ambientes periglaciares como reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei impulsa un decreto que modifica aspectos claves de esta normativa, abriendo la puerta a las minerías.
Aunque la iniciativa había sido rechazada durante el debate de la Ley Bases (donde también se intenta reformar la Ley de Bosques), se sigue insistiendo para la aprobación. El oficialismo le declaró a "La Nación" que “aún no hay consenso”, pero la modificación ya está en curso.
La ley vigente prohíbe expresamente la actividad minera, la instalación de industrias y la construcción que afecte la calidad del agua o al ambiente. Solo permite actividades científicas y deportivas de bajo impacto.
Entre los cambios propuestos figura el establecimiento de un límite mínimo de una hectárea y dos años de antigüedad para que un glaciar o ambiente periglacial sea considerado protegido. Esto permitiría avanzar sobre una gran parte del territorio actualmente resguardado. Además, el decreto habilitaría la construcción y el uso de sustancias químicas en estas zonas, incluso cuando no estén relacionadas con investigaciones científicas.
“La modificación de esta Ley implicaría directamente la amenaza territorial […] por un lado una fuente de agua fundamental para muchas de las comunidades; y por otro lado un ecosistema, avasallarlo.”
Además de la degradación irreversible del ecosistema, la Ley también influiría en las comunidades y pueblos que se abastecen de la corriente de agua de los glaciares. Nos comunicamos con Guillermo Folguera, Integrante de Ciencias, Ambientes y Territorios, quien advirtió que este decreto "incide directamente sobre comunidades que se van a ver expulsadas a los cordones de pobreza de las grandes ciudades y afectará negativamente diferentes formas de producción.”
Podemos afirmar, entonces, que modificar la Ley de Glaciares no solo pone en riesgo un ecosistema vital para el país, sino que tambien amenaza el derecho al agua y el futuro de los pueblos que dependen directamente de ellos.
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