La vicepresidente manifestó que buscará enjuiciar a militantes de organizaciones guerrilleras de los años 60 y 70. Gran parte de ellos fueron desaparecidos o asesinados en la última dictadura.
Fernando Tebele, periodista de La Retaguardia [Descargar]
La semana pasada la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, realizó un acto en la Cámara de Senadores y allí leyó un discurso donde dijo que el Gobierno Nacional impulsará la reapertura de todas las causas vinculadas a lo que ellos consideran "actos de terrorismo"; es decir, acciones que llevaron adelante las diferentes organizaciones guerrilleras.
En la actualidad hay 3 causas que podrían iniciar investigaciones: una es por la bomba que Montoneros hizo estallar en el comedor del edificio de la Superintendencia de Coordinación Federal, perteneciente a la Policía. En ese edificio funcionaba un centro clandestino Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Actualmente se está desarrollando el tercer tramo del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese lugar. La jueza María Servini de Cubría decidió cerrarla dos veces porque consideró que no eran delitos de lesa humanidad, sino delitos comunes y que ya habían prescripto. Los familiares de personas muertas en el atentado, abogados y genocidas llevaron el caso a la Cámara de Casación y la misma le respondió a la Jueza que "cerró la causa demasiado rápido" y que era necesario investigar un poco más. Como repuesta, Servini la volvió a cerrar y dijo además que no fue un acto de terrorismo.
También se busca reabrir la causa sobre Argentino del Valle Larrabure, padre del actual secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, quien fue secuestrado por militantes del PRT-ERP que entraron al destacamiento del Ejercito de Villa María, para hacerse de armas. Estuvo en una "Cárcel del pueblo" y 1 año después apareció muerto en circunstancias no aclaradas. La causa fue cerrada por el Tribunal donde se hizo la denuncia y en la Cámara Federal de Rosario por ser considerados delitos comunes. Pero está en manos de la Corte Suprema desde hace años, sin resolución.
Por último, hay un caso que no está en Argentina y que fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se trata de la muerte del Capitán Viola y su pequeña hija por un atentado del PRT-ERP ocurrido en Tucumán. La Corte aceptó revisar el caso. Para conocer más, sobre estas causas, hablamos con Fernando Tebele, periodista de La Retaguardia.
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